En Chile, la insolvencia económica puede afectar tanto a personas como a empresas, llevándolas a enfrentar serias dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras. En este contexto, la ley de quiebras y suspensión de pagos, formalmente conocida como la Ley 20.720, surge como una herramienta fundamental. Esta normativa permite a los deudores reorganizar sus pasivos y activos, e incluso, en ciertos casos, eliminar sus deudas para empezar de nuevo.
En este nuevo artículo de Legalfit, te proporcionamos una visión detallada sobre cómo funciona la Ley 20.720, los recientes cambios que se han implementado, los beneficios del procedimiento de quiebra y los pasos necesarios para iniciarlo. Al comprender estos aspectos, los deudores podrán tomar decisiones informadas y aprovechar las oportunidades que la ley ofrece para recuperar su estabilidad financiera.
¿Qué es la Ley de Quiebras y la suspensión de pagos relacionada a ella?
La Ley de Quiebras, también conocida como Ley de Insolvencia y Reemprendimiento, es una normativa chilena que establece un marco regulatorio para que las personas y empresas insolventes puedan reorganizar sus pasivos y activos. El objetivo principal es permitir que los deudores cumplan con sus obligaciones de la mejor manera posible o, en casos extremos, eliminen sus deudas y comiencen de nuevo. Para las empresas, se permite poner un término ordenado del negocio, ya que para estas no hay un nuevo comienzo.
La ley está diseñada para proporcionar una segunda oportunidad a los deudores, ayudándolos a salir de una situación de sobreendeudamiento de manera ordenada y regulada. Esto no solo beneficia a los deudores, sino también a los acreedores, al asegurar que los activos del deudor se manejen de manera justa y equitativa.
Procedimientos para personas naturales
- Renegociación de deudas: Este procedimiento se lleva a cabo ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Permite a los deudores reorganizar su situación patrimonial para cumplir con sus deudas en mejores condiciones. Es una opción viable para aquellos que aún tienen ingresos, pero necesitan condiciones de pago más manejables.
- Liquidación voluntaria: Comúnmente conocida como quiebra, este procedimiento busca liquidar las deudas del deudor bajo un marco regulado. A través de este proceso, los deudores pueden vender sus activos para pagar a los acreedores y luego empezar de nuevo sin deudas pendientes. Aunque se conoce como quiebra, la ley se refiere a este proceso como «procedimiento concursal de liquidación».
Procedimientos para personas jurídicas
- Reorganización: Este procedimiento permite a las empresas reorganizar sus activos y pasivos para cumplir con sus obligaciones de manera más eficiente. Es especialmente útil para empresas que tienen potencial de continuar operando si se les da la oportunidad de reestructurarse financieramente.
- Liquidación voluntaria: Similar al procedimiento para personas naturales, permite a las empresas eliminar todas sus deudas y cerrar la entidad de manera ordenada. Esto asegura que la liquidación se haga de manera equitativa y transparente, protegiendo los intereses de los acreedores y facilitando un cierre ordenado de la empresa.
Cambios recientes en la Ley 20.720
En agosto del año pasado, la Ley 20.720 experimentó una reforma importante. Estos cambios han sido implementados para facilitar el acceso y mejorar la eficiencia de los procedimientos de insolvencia. A continuación, se detallan los aspectos más importantes de esta reforma:
Eliminación de barreras para personas que emiten boletas de honorarios
Antes de la reforma, las personas naturales que emitían boletas de honorarios eran consideradas como empresas para efectos de la ley de quiebras. Esto impedía que accedieran al procedimiento de renegociación de deudas, ya que eran tratadas bajo las mismas regulaciones que una persona jurídica.
La reforma eliminó esta barrera, permitiendo que aquellas personas que han emitido boletas de honorarios puedan acceder al procedimiento de renegociación sin ser consideradas empresas. Esto amplía significativamente el acceso a las herramientas de alivio financiero disponibles bajo la ley.
Introducción del procedimiento de liquidación simplificada
Uno de los cambios más relevantes es la creación del procedimiento de liquidación simplificada. Este nuevo procedimiento está diseñado para personas naturales y pequeñas empresas, permitiéndoles someterse a un proceso de liquidación mucho más rápido y menos complejo. Anteriormente, los procedimientos de liquidación podían extenderse por más de un año, pero con la liquidación simplificada, los tiempos se reducen a unos cinco o seis meses.
Esto no solo acelera la resolución de los casos de insolvencia, sino que también reduce los costos asociados al proceso, haciéndolo más accesible para deudores con recursos limitados.
Mejora en los procedimientos de renegociación
La reforma también ha introducido mejoras en los procedimientos de renegociación de deudas. Estas mejoras están destinadas a hacer el proceso más ágil y accesible. Ahora, la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento cuenta con mayores facultades para supervisar y facilitar los acuerdos de renegociación entre deudores y acreedores.
Además, se han simplificado los requisitos y trámites administrativos necesarios para iniciar y llevar a cabo estos procedimientos, eliminando obstáculos que anteriormente dificultaban el acceso.
Clarificación y fortalecimiento de los derechos del deudor
La reforma ha incluido disposiciones que clarifican y fortalecen los derechos del deudor durante los procedimientos de quiebra y renegociación. Esto incluye una mayor protección frente a prácticas abusivas de cobranza y una mejor definición de los bienes incautados.
Asimismo, se han establecido mecanismos para asegurar que los deudores reciban información clara y completa sobre sus derechos y las opciones disponibles bajo la ley.
Fomento del reemprendimiento
Otra de las metas de la reforma es fomentar el reemprendimiento entre los deudores que han pasado por un proceso de insolvencia. Se han introducido medidas que facilitan la rehabilitación financiera y crediticia de las personas naturales que han completado exitosamente un procedimiento de liquidación o renegociación. Para las empresas, las reformas se centran en mejorar los procedimientos de reorganización para que puedan cumplir con sus obligaciones de manera más eficiente.
Esto incluye la eliminación más rápida de registros negativos en DICOM y la posibilidad de acceder nuevamente a productos financieros bajo condiciones más favorables.
Beneficios del procedimiento de quiebra
El procedimiento de quiebra, también conocido como liquidación voluntaria, ofrece una serie de beneficios para aquellas personas y empresas que se encuentran en una situación de insolvencia económica. A continuación, se detallan los principales beneficios de acogerse a este procedimiento bajo la Ley de Quiebras:
Dejar de pagar deudas
Uno de los beneficios más inmediatos y relevantes del procedimiento de quiebra es que, al iniciarlo, el deudor debe dejar de pagar todas sus deudas. Esto no es una opción, sino una obligación legal. Este cese de pagos permite al deudor utilizar el 100% de sus ingresos para cubrir sus gastos personales y familiares, en lugar de destinar estos recursos al pago de deudas. Esta disposición libera al deudor de la presión financiera inmediata y le brinda la oportunidad de reorganizar sus finanzas sin la carga constante de las obligaciones de deuda.
Por ejemplo, si una persona sobreendeudada decide someterse al procedimiento de quiebra, puede dejar de preocuparse por pagar las tarjetas de crédito, créditos de consumo y cualquier otra deuda bancaria. Esto significa que puede usar sus ingresos para necesidades básicas como alimentación, vivienda, transporte y otros gastos esenciales, mejorando su calidad de vida y reduciendo el estrés asociado con la deuda.
Protección frente a juicios de cobranza
Otro beneficio es la protección que ofrece frente a los juicios de cobranza. Al iniciar el procedimiento de liquidación voluntaria, todos los juicios de cobranza que se hayan iniciado contra el deudor se acumulan al procedimiento de quiebra. En términos simples, esto significa que los juicios de cobranza se «absorben» en el procedimiento de quiebra y no pueden continuar de manera independiente.
Esta acumulación protege al deudor de embargos y remates derivados de estos juicios. Por lo tanto, el deudor no tendrá que preocuparse por la posibilidad de que sus bienes sean embargados o rematados mientras el procedimiento de quiebra está en curso. Esta protección legal permite al deudor enfocarse en reorganizar sus finanzas y recuperarse sin la constante amenaza de acciones legales adicionales por parte de los acreedores.
Mejora en la liquidez y organización financiera
El proceso de quiebra no solo libera al deudor de la obligación de pagar sus deudas inmediatas, sino que también mejora significativamente su liquidez. Al dejar de pagar deudas, el deudor puede retener más de sus ingresos mensuales, lo que aumenta su capacidad para cubrir gastos esenciales y realizar una planificación financiera más efectiva.
Además, el procedimiento de quiebra obliga al deudor a presentar un listado completo de todos sus bienes y deudas. Este proceso de inventario y evaluación proporciona una visión clara y completa de la situación financiera del deudor, lo que facilita la toma de decisiones informadas sobre cómo gestionar sus finanzas en el futuro. Con una mejor comprensión de sus activos y pasivos, el deudor puede desarrollar un plan financiero más sólido y sostenible.
Protección de bienes esenciales
Aunque la mayoría de los bienes del deudor se entregan al procedimiento de quiebra, ciertos bienes esenciales están protegidos por ley y no pueden ser incautados. Estos bienes incluyen elementos que son fundamentales para la subsistencia del deudor y su familia, como camas, alimentos y utensilios básicos de cocina.
Esta protección garantiza que el deudor y su familia puedan mantener un nivel básico de vida durante el procedimiento de quiebra. Por ejemplo, los bienes como la cama, el refrigerador y los utensilios de cocina son indispensables para la vida diaria y, por lo tanto, están exentos de ser incautados. Esto proporciona una red de seguridad que protege los aspectos más esenciales de la vida del deudor, asegurando que no quede completamente desprovisto de los medios para vivir.
Fomento del reemprendimiento
Uno de los objetivos de la Ley 20.720 es no solo resolver la situación de insolvencia actual, sino también fomentar el reemprendimiento y la rehabilitación financiera de los deudores. La ley incluye disposiciones que facilitan la eliminación más rápida de registros negativos en DICOM y la posibilidad de acceder nuevamente a productos financieros bajo condiciones más favorables una vez que el procedimiento de quiebra ha concluido.
Esto significa que, después de completar el procedimiento de quiebra, los deudores tienen la oportunidad de reconstruir su historial crediticio y volver a participar en el sistema financiero. Esto es especialmente importante para aquellos que desean emprender nuevamente, ya que les permite acceder a financiamiento y recursos que son esenciales para iniciar y sostener nuevos proyectos.
La Ley de Quiebras no solo proporciona un alivio inmediato al permitir dejar de pagar las deudas, sino que también ofrece una estructura ordenada para proteger al deudor de acciones judiciales adicionales, mejorando su liquidez y permitiendo una reorganización efectiva de sus finanzas. Además, con la inclusión de cambios recientes, la ley ha mejorado significativamente el acceso y la eficiencia de estos procedimientos, brindando nuevas oportunidades para la rehabilitación financiera y el reemprendimiento.
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