A raíz del caso de Tonka Tomicic, la liquidación forzosa ha captado la atención pública. Se trata de un procedimiento judicial en el que un acreedor solicita la quiebra de un deudor debido al incumplimiento de pagos. A diferencia de la liquidación voluntaria, donde el deudor toma la iniciativa, en este caso no tiene control sobre el proceso.
El caso de Tomicic resulta llamativo porque sus deudas, de entre 90 y 91 millones de pesos por acreedor, no son montos exorbitantes desde la perspectiva bancaria. La reforma de la ley 20.720 redujo las barreras para que los acreedores inicien estos procedimientos, lo que podría generar un uso más frecuente de esta herramienta legal. Antes de la reforma, el acreedor debía caucionar montos significativamente mayores, lo que restringía el uso de esta vía solo a casos de deudas más elevadas. Ahora, con una caución de apenas 100 UTM (aprox. 6 millones de pesos), cualquier acreedor con títulos ejecutivos vencidos puede solicitar la liquidación de un deudor.
¿Cómo funciona la liquidación forzosa en Chile?
La liquidación forzosa es un mecanismo legal diseñado para permitir que los acreedores recuperen montos adeudados cuando el deudor no ha cumplido con sus obligaciones financieras. Se diferencia de la liquidación voluntaria porque el deudor no tiene control sobre el proceso y puede verse sometido a la liquidación de su patrimonio sin previo aviso.
Las etapas clave de este procedimiento incluyen:
1.- Solicitud del acreedor: Se presenta ante el tribunal con antecedentes que demuestren el incumplimiento de pago.
2.- Caución obligatoria: El acreedor debe depositar 100 UTM para costear el proceso.
3.- Revisión y aceptación del tribunal: Si se cumplen los requisitos, el tribunal dicta la resolución de liquidación.
4.- Nombramiento de liquidador concursal: Un profesional autorizado se encarga del proceso.
5. Publicación en el Boletín Concursal y citación a acreedores: Se informa públicamente del inicio del procedimiento y los distintos acreedores del deudor se hacen parte de él.
6. Incautación y remate de bienes: Se liquidan los activos del deudor para pagar a los acreedores.
Este proceso es irreversible. Además, implica una evaluación detallada del patrimonio del deudor, lo que puede dar pie a la anulación de transferencias de bienes realizadas en los últimos dos años, incluso si no son fraudulentas.
Diferencias entre liquidación forzosa y liquidación voluntaria
Ambos procedimientos conducen a la liquidación del patrimonio del deudor, pero tienen diferencias importantes:
- ¿Quién la inicia? En la voluntaria, el deudor; en la forzosa, el acreedor.
- Control del proceso: En la voluntaria, el deudor puede planificar su quiebra y tener más control respecto a los plazos y al momento en que desea iniciar el proceso, dado que el momento en el que se inicia este tipo de procedimientos es relevante para los efectos que pueden producirse; en la forzosa, el procedimiento es más rígido y puede incluir una investigación sobre posibles ocultamientos de bienes.
- Riesgos legales: En la forzosa, si el deudor ha transferido bienes en los últimos dos años, puede enfrentar acciones revocatorias e incluso acusaciones por delitos concursales. Si bien esto también puede ocurrir en la liquidación voluntaria, el hecho de que el deudor tenga la posibilidad de planificar el proceso permite que su abogado tome las medidas necesarias para minimizar riesgos y efectos adversos.
- Impacto en el patrimonio: La liquidación voluntaria permite prever el impacto financiero y legal; en la forzosa, el deudor reacciona sin margen de maniobra y puede perder bienes esenciales.
Felipe Besnier, abogado experto en deudas, explica que una liquidación forzosa puede generar consecuencias más graves para el deudor porque este no tiene el control sobre el proceso. Si el deudor ha realizado transferencias de bienes en los últimos dos años, el tribunal puede revertirlas o incluso sancionar penalmente a la persona involucrada.
Delitos concursales y consecuencias para el deudor
El Código Penal chileno establece sanciones severas para aquellos deudores que intenten ocultar activos o realizar maniobras fraudulentas dentro de un procedimiento de liquidación. Estos delitos incluyen:
- Actos fraudulentos previos a la liquidación: Transferir bienes sin justificación para evitar su incautación (541 días a 5 años de prisión).
- Ocultamiento de bienes: No declarar activos o transferirlos ficticiamente (541 días a 10 años de prisión).
- Falsedad en información contable: Manipular registros para esconder deudas o activos (61 a 540 días de prisión).
- Destrucción de documentos contables: Inutilizar registros financieros para impedir la fiscalización.
Estos delitos pueden ser investigados en cualquier liquidación forzosa, exponiendo al deudor a sanciones graves además de la pérdida de su patrimonio. Es clave que, ante una situación de insolvencia, el deudor busque asesoría legal para evitar incurrir en actos que puedan ser calificados como fraudulentos.
¿Cómo enfrentar una liquidación forzosa?
Dado el reciente cambio en la legislación, es probable que los bancos y otros acreedores utilicen con mayor frecuencia la liquidación forzosa como mecanismo de cobro. Frente a esta realidad, es clave que los deudores evalúen sus opciones y actúen con anticipación.
Si un deudor enfrenta una posible liquidación forzosa, debe:
1.- Consultar con un abogado especialista en insolvencia. La planificación y defensa adecuada pueden marcar la diferencia, pero debe hacerlo muy rápido, ya que el tiempo que hay para evitar el inicio del procedimiento es muy corto y, una vez iniciado, no hay vuelta atrás.
2.- Evitar la enajenación de bienes sin justificación. Cualquier transferencia patrimonial en los dos años previos al proceso puede ser anulada.
3.- Negociar con los acreedores antes de llegar a esta instancia. Existen alternativas legales para reestructurar deudas.
4.- Evaluar la liquidación voluntaria como opción. Si se prevé una quiebra inminente, esta alternativa ofrece mayor control sobre el proceso.
El caso de Tonka Tomicic ha puesto en evidencia que los bancos y otras entidades acreedoras pueden utilizar la liquidación forzosa incluso para montos que, en términos financieros, no son elevados. Esta herramienta se ha vuelto más accesible tras la reforma de la ley 20.720, lo que podría aumentar su uso en el futuro.
Felipe Besnier, abogado de Legalfit, enfatiza que los deudores deben tomar medidas antes de que un acreedor solicite su liquidación forzosa, ya que el impacto de este procedimiento puede ser devastador. La mejor estrategia es asesorarse con expertos en insolvencia y evaluar opciones que permitan gestionar la deuda antes de que la situación se vuelva inmanejable.
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