Cuando una empresa o profesional presta servicios al Estado, espera recibir el pago en los plazos establecidos por ley. Sin embargo, la realidad muchas veces es distinta: facturas que se acumulan sin pagar, trámites administrativos que se eternizan y contactos institucionales difíciles de ubicar.
Esto puede transformarse en un verdadero problema para proveedores del sector público, especialmente para las pymes que dependen de ese ingreso para mantener su operación. Porque, aunque la ley obliga al Estado a pagar dentro de 30 días, en la práctica no siempre se cumple.
En este nuevo artículo de Legalfit te explicamos qué dice la normativa actual sobre los plazos de pago en contratos públicos, qué hacer si un organismo del Estado no te paga a tiempo y cómo desde Legalfit podemos ayudarte a recuperar ese dinero sin que tu negocio sufra las consecuencias.
¿Qué dice la ley sobre los plazos de pago del Estado en Chile?
Cuando una empresa o pyme presta servicios o suministros a un organismo del Estado, ya sea una municipalidad, un hospital o un ministerio, el plazo de pago está regulado por la Ley N° 19.886, conocida como la Ley de Compras Públicas.
Desde la entrada en vigencia de la Ley de Pago a 30 Días, los organismos públicos tienen la obligación de pagar a sus proveedores dentro de los 30 días corridos siguientes a la recepción de la factura o del instrumento tributario correspondiente. Este plazo aplica de manera general, salvo que exista una justificación fundada que permita extenderlo.
¿Se pueden pactar plazos mayores?
Sí. La ley permite que, en casos debidamente justificados, se puedan establecer plazos de hasta 60 días corridos. Esto debe estar expresamente señalado en las bases de licitación (si se trata de licitaciones públicas o privadas) o en el contrato (en caso de contratación directa). Además, esta extensión debe informarse de forma transparente a través del Sistema de Información de Compras Públicas.
¿Qué pasa si el Estado se atrasa?
En caso de mora, el Estado debe pagar una comisión fija del 1 % sobre el saldo adeudado, además de los intereses corrientes correspondientes. Estos intereses se aplican desde el primer día de atraso hasta que se efectúe el pago, y están determinados por lo que establece la Ley N° 18.010, que regula las operaciones de crédito y otras obligaciones de dinero en Chile.
Importante: en el caso de organismos públicos, este interés debe pagarse con cargo a sus propios presupuestos.
Aunque el marco legal es claro, muchas veces no se cumple en la práctica. Los retrasos son frecuentes, ya sea por errores administrativos, procesos internos lentos o falta de voluntad de pago. Por eso, es clave que los proveedores conozcan sus derechos y sepan cómo actuar ante una factura impaga del Estado.
¿Qué hacer si un organismo del Estado no te paga una factura?
Aunque la ley establece un plazo máximo de 30 días para que los organismos públicos paguen a sus proveedores, en la práctica esto no siempre se cumple. Si emitiste una factura a una institución del Estado y han pasado varias semanas sin recibir el pago, es fundamental que tomes medidas a tiempo. Actuar con rapidez puede evitar que el retraso termine afectando gravemente la liquidez de tu empresa.
A continuación, te explicamos los dos caminos principales que puedes seguir para recuperar tu dinero:
1. Gestión directa con la institución pública
Antes de iniciar una acción judicial, es posible realizar gestiones administrativas para agilizar el pago. Esto incluye:
- Revisión de documentación: muchas veces los retrasos se deben a errores formales en la factura, documentos incompletos o falta de toma de razón. Identificar estos obstáculos puede evitar un conflicto mayor.
- Contacto con los responsables del pago: en muchos casos, acceder a la persona indicada dentro de la institución marca la diferencia. Para esto, es clave revisar las Bases Administrativas del proceso de licitación, ya que en la cláusula referida al pago suele indicarse quién es el funcionario a cargo y cómo contactarlo directamente.
- Gestión mediante la Ley de Lobby: esta herramienta permite solicitar reuniones con jefes de servicio u otras autoridades relevantes, para conocer el estado del proceso y acelerar su resolución.
- Reclamo ante Contraloría: si tras estos intentos persisten los retrasos injustificados o se identifican incumplimientos administrativos, también es posible presentar un reclamo formal ante la Contraloría General de la República.
Este enfoque busca resolver el problema sin necesidad de judicializar el conflicto, corrigiendo lo que sea necesario y presionando internamente para que se cumpla con el pago.
2. Acción judicial: juicio ejecutivo
Si la vía administrativa no da resultados, el siguiente paso es iniciar un juicio ejecutivo. Este procedimiento tiene por objetivo forzar el pago de la factura impaga mediante una demanda judicial.
- Desde el punto de vista procesal, es similar a una demanda contra un privado, pero se deben cumplir ciertos requisitos adicionales: por ejemplo, contar con la certificación de recepción conforme por parte del organismo público.
- Esta certificación es esencial, ya que acredita que el servicio fue prestado o que los productos fueron entregados de forma correcta, habilitando así la exigencia legal del pago.
El juicio ejecutivo es una herramienta efectiva, pero requiere conocimientos técnicos y experiencia en litigación contra entidades del Estado, por lo que se recomienda contar con asesoría legal especializada.
Importante: no esperar a que el problema «se resuelva solo». Mientras más tiempo pase, mayor será el impacto en la liquidez de tu empresa, especialmente si el Estado es uno de tus principales clientes.
La importancia de actuar a tiempo y cómo Legalfit puede ayudarte
Cuando una factura emitida a un organismo público no se paga dentro del plazo legal, la situación puede escalar rápido: problemas de liquidez, retraso en pagos a proveedores o incluso riesgo de insolvencia. Para muchas pymes, el Estado no solo es un cliente más, sino su principal fuente de ingresos.
En Legalfit abordamos estos casos combinando experiencia legal con conocimiento práctico de cómo funcionan los pagos dentro del sector público. Sabemos a quién contactar, cómo acceder a la información y qué pasos seguir, ya sea para corregir un error formal o para iniciar una demanda ejecutiva cuando corresponde.
Te ayudamos a:
- Detectar y resolver obstáculos administrativos que bloquean el pago.
- Gestionar directamente con la institución pública usando herramientas como la Ley de Lobby.
- Iniciar un juicio ejecutivo si la vía administrativa no da resultados.
- Recuperar el monto adeudado con rapidez y sin exponer la continuidad de tu negocio.
Nuestro equipo de abogados expertos en derecho administrativo está preparado para ayudarte a recuperar tus facturas impagas del Estado. Si ya pasaron los 30 días y aún no te pagan, contáctanos a través del formulario o Whatsapp y protege la salud financiera de tu empresa.
